Foto de Ignacio Castillo Cottin y Nathalie Sar-Shalom: Carolina Burbano.

Sorpresa e indignación es lo que sienten el director y la productora de la película El Inca, desde que fueron informados, el pasado miércoles 14 de diciembre, que su largometraje en su tercera semana de proyecciones, debía desaparecer inmediatamente de las pantallas de todas las salas de cine del país, así como de cualquier medio de comunicación y espacio publicitario. Ante este medida, los jóvenes creadores venezolanos, Ignacio Castillo Cottin y Nathalie Sar-Shalom sostienen que les han sido "violentados y cercenados sus derechos constitucionales de libertad de expresión". 

Contrapunto conversó con Castillo y Sar-Shalom, director y productora, respectivamente, y principalmente consultamos al abogado Bernardo Pulido, asesor jurídico de la Productora "Pa’ Los Panas Producciones", a fin de conocer cuáles son los alegatos que la familia del fallecido boxeador Edwin "El Inca" Valero ha interpuesto ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana, que provocaron las medidas preventivas y cautelares contra la película El Inca.

Explica el abogado Bernardo Pulido que los familiares del pugilista, actuando en nombre propio y en representación de los menores hijos de Edwin Valero Vivas, interpusieron ante el mencionado tribunal una medida cautelar en el marco de un amparo constitucional. "El documento, de tan sólo tres páginas, hace una denuncia y un relato, sin que se mencionen los daños que pudieran ser el sustento que afecta los derechos fundamentales de los menores, bien sea en su intimidad, imagen, reputación y condición psigológica".

— La información que inicialmente llegó a los medios de comunicación decía que había sido dictada una medida preventiva de oficio contra el largometraje, pero ahora usted señala que es un recurso de amparo. ¿En qué se traduce entonces esa figura a través de la cual el juez Mata García prohíbe la proyección del filme?

— El amparo es un recurso que se aplica cuando existe la violación de un derecho, o cuando el perjuicio es inminente y requiere la previa citación de las partes y debe haber una solicitud cautelar previa. Pese a ello, el juez dicta la medida preventiva de oficio y decide llamarla "medidas preventivas innominadas", esto lo decreta el pasado 2 de diciembre, y el 13 de este mes, amplió la medida. Esto se traduce en: 1) Suspensión inmediata de la proyección de la película; 2) Retención y resguardo de la pieza original de la película y del paquete digital para cine - DCP- (instrumento que la productora utiliza para que la película sea proyectada en todos los cines en los que está pauta su exhibición); 3) prohibición y suspención de cualquier tipo de publicidad en cualquier medio; 4) embargo de los derechos de explotación económica de la película, lo cual es algo super atípico en un proceso de amparo, y además significa que cualquier ganancia que produzca la película estaría embargada.

— ¿Esas medidas preventivas son proporcionales a todas esas prohibiciones?

— Lo que los familiares del boxeador están solicitando no es proporcional a las medidas que se han tomado. Que se imponga una restricción a la libertad de expresión es muy grave y en el presente caso no se cumple con los requisitos de necesidad y proporcionalidad. La película tiene una clasificación "C" para que no la puedan ver menores, sus contenidos se basan en hechos públicos y notorios, conocidos por todos, y lo que busca es el desarrollo y enriquecimiento del debate público sobre un asunto de interés.

"La medida no es proporcional, debido al grave impacto negativo que la misma causa a una sociedad democrática. El daño que se causa al derecho a la libertad de expresión resulta excesivo en relación con la finalidad de proteger, la integridad y honor de los menores de edad, que nunca estuvo en peligro", añade Pulido.

— ¿Qué sigue ahora desde el punto de vista legal, principalmente para la parte que ha sido objeto de las restricciones y prohibiciones, es decir, la productora, el director, la película?

- Por ser un proceso de amparo constitucional, todas las partes están notificadas para la audiencia donde se busca resolver el asunto. Por nuestra parte, una vez que acudimos al tribunal para darnos por notificados de la medida, dimos cumplimiento a la prohibición y estamos diligenciando para que se fije la audiencia constitucional. Adicionalmente, por la gravedad de la violación a la libertad de expresión que implica esta decisión, interpusimos un avocamiento en la sala consticuional solicitando que sea esta máxima instancia la que revise el amparo.

— Los familiares del boxeador alegan que están tomando estas acciones legales para proteger a los hijos de Edwin Valero y de su esposa. Hoy día esos descendientes de la pareja tienen entre 12 y 15 años de edad, y aunque ellos no tienen acceso, por la edad, a una sala de cine para ver esta película clasificada como "C", sí tienen acceso a internet, a las redes sociales, a youtube, donde está el tráiler de este filme. ¿Caben esas medidas de protección respecto a los menores? ¿Cómo se toma una decisión de prohibir la proyección cuando los supuestos daños psicológicos no están espeficados en el acta del amparo?

— Lamentablemente se ha creado aquí en Venezuela un concepto de que los niños y adolescentes son débiles judicialmente. No estoy subestimando la protección para los menores, lo que quiero señalar es que tampoco el Estado puede cercenar el derecho de toda la sociedad a que sea vista la película. Sí se debe estar pendiente de que se les otorgue un tutor que lleve la patria potestad, quien les debe dar una buena guía, que los proteja de las amenazas externas, pero que el público en general no pueda ver la pieza artística eso es censura. En el presente caso, los hechos no configuran una injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada de los niños en cuestión.

— ¿Qué cree usted que va a pasar en este caso?

— La expectativa es que perservere y se imponga el derecho a la libertad de expresión y que se nos permita ver la película a todos, porque lo que se ha cometido contra esa pieza es una medida abusiva y violatoria, repito, del derecho a la libertad de expresión.

Habla Ignacio Castillo Cottin

Los últimos cuatro días del joven director Ignacio Castillo Cottin han sido de mucha tensión. Cuenta que el pasado 14 de diciembre "nos llamaron de Cines Unidos para comunicarnos que el juez Salvador Mata García dio la orden de retirar la película de la cartelera. Inmediatamente nos reunimos con nuestros abogados y luego me fui a los tribunales de la Lopna y chequeámos el dictamen del amparo".

— ¿Qué es lo que más les sorprende a ustedes y a los abogados respecto a la medida?

— En el breve documento legal no se mencionan ni las escenas ni palabras que atenten o perjudiquen a los niños. Básicamente lo que dicen es que estamos violentando la imagen y reputación de ellos. Entonces esto levanta la sospecha y, por supuesto, nos sorprende la sentencia y la cantidad de medidas que solicitó, y, además de oficio, lo que implica que no citó, previamente, a las partes. Estamos hablando de exigencias que nos perjudican muchísimo.

Cuando entrevistamos a Castillo en Contrapunto, el pasado 17 de noviembre, él declaró que las conversaciones con la familia, antes de iniciarse el rodaje de la película, fueron "difìciles", sobre todo con la mamá de Edwin Valero. Comentó: "La mamá estaba muy abierta al principio pero luego el papá y el hermano empezaron a poner algunas condiciones que a nosotros no nos interesaban. Una de ellas era que querían que el hermano de Edwin fuese el protagonista, ¡y ni de vaina!, pero estoy seguro que cuando vean la película las aguas se van a calmar".

— Entonces ¿sabías que podía surgir esta querella legal?

- Lo que nos sorprende es la actitud del juez, que haya un amparo, que no hayamos tenido la oportunidad y el derecho de discutirlo en tribunales, y que nos hayan sacado la película de las salas de cine de esta forma. Jamás me esperaba una medida tan agresiva sin que tan siquiera se señale una escena, un plano, algún aspecto relacionado con el guión o con la imagen y las actuaciones de Alexander Leterni (el actor que interpreta a "El Inca" Valero) y a estas alturas yo no sé si ellos han visto la película. Pero no me sorprende la querella con la familia…"

— ¿Qué crees que hay detrás de esta acción contra este, tu segundo largometraje?

— Es muy delicado dar una respuesta a esa pregunta, porque me cuesta creer que puedan haber intereses, ya me cuesta digerir lo que está pasando como para ponerme a pensar o imaginar qué hay detrás.

— ¿Qué otras acciones, aparte de iniciar el proceso legal para restituir la proyección en las salas de cine, están tomando ustedes en protección de la película?

— Lo primero es levantar la alerta de censura a la libertad de expresión, ante el país y ante los gremios sobre lo que está ocurriendo porque es un precedente muy delicado. Por nuestra parte, ya entregamos todo (la pieza original y el DCP), estamos acatando la medida y vamos cumpliendo paso a paso. Nuestro objetivo primordial es volver a las salas de cine, necesitamos regresar a nuestro plan de proyecciones.

— ¿Cómo te sientes desde tu condición de creador, de artista, y más aún siendo esta película una producción de financiamiento privado, tomando en cuenta que hacer cine en Venezuela es una labor muy cuesta arriba en el contexto que estamos viviendo?.

- Para ser sincero, uno siente mucho dolor; este es un trabajo hecho con las manos, con muchas angustias y mucho esfuerzo; es una película hecha desde el respeto a un ser humano, está hecha con todo el profesionalismo y dedicación posible, y eso se ve en la pantalla. Es una historia venezolana bien hecha y está producida y lograda con el estandar de exportación; es una labor de años. Entonces, que el juez Mata García decida sacarla de las salas de cine es un irrespeto al trabajo profesional, irrespeto al trabajo de los venezolanos que sí queremos quedarnos aquí, generando mercado, generando obras por y para el país. Esto es, como dice mi abuela, ganas de echar lavativa.

Habla la productora

Nathalie Sar-Shalom apoya las declaraciones de Ignacio Castillo y suma otros elementos. Como productora de El Inca afirma que "es una película de ficción basada en hechos conocidos por todo el país, su familia y los hijos del pugilista".

"Esta película es una obra artística y lo que allí se cuenta y se reseña es información de dominio público y notorio. Con las medidas que se nos han aplicado, se ha cruzado una línea muy peligrosa que nos obliga a pronunciarnos y a defendernos. No existe ningún tema de violación que perjudique la imagen ni los derechos de los niños que acarreen este tipo de restricciones. La medida contra nuestra película es una censura previa a la libertad de expresión, tanto para nosotros como para todas las personas que no hayan podido verla.

— Los familiares reclaman que ustedes no tenían la autorización de ellos para hacer esa película basada en la vida del boxeador.

— Nosotros no estamos sacando nada nuevo a la luz pública, no necesitamos autorización para reflejar repito, ni datos ni informaciones que se conocen acerca de la vida y de lo que ocurrió con el boxeador. Más expuestos de lo que estuvieron y han estado los hijos por todo lo que ocurrió con sus padres, imposible. No somos nosotros quienes revelamos los hechos, por eso las medidas contra la película son arbitrarias y más todavía querer atribuirle a la película daños a los hijos. La cinta no está enfocada en los niños y más bien, a través de esta trágica historia de amor, se plantea y somete al debate público uno de los problemas que aquejan a la sociedad venezolana: la violencia de género e intrafamiliar.

"Nuestro trabajo está hecho desde el respeto, sin prejuicios de ninguna índole, y en el fondo advierte acerca del tema de la violencia de género y del camino que las personas no debemos transitar. Para nuestra producción se tomó en cuenta la protección de los niños como fue cambiar el sexo y sus nombres; la película tiene clasificación "C", lo que impide que sea vista por menores de 16 años. Es normal que en los cines se proyecten contenidos fuertes que nos hagan enfrentarnos a temas incómodos y controversiales, si sacamos de la ecuación estos contenidos porque hieren sensibilidades, nadie, ningún cineasta podría hacer películas, por lo tanto sacarla de las salas de cine por esa razón es un exabrupto", añade Sar-Shalom.

— Entre las medidas preventivas dictadas por el juez estaría la de embargo de las ganancias que genere el filme. 

— Todo esto implica ya una pérdida económica, no solo por la taquilla, sino que además están las horas y los honorarios que debemos pagar a los abogados, la inversión que se hace en publicidad y que ahora está suspendida y prohibida. Imaginense, hacer cine en Venezuela ya es una hazaña. Nosotros solamente deseamos volver a las salas de cine y que esta censura de oficio sea levantada y que nunca más vuelva a ocurrir. Queremos ofrecerle la oportunidad a los venezolanos de que sean ellos quienes decidan qué quieren ver, que saquen sus propias conclusiones o interpretaciones y que todos tengamos derecho a expresarnos con libertad.

Finalmente Sar-Shalom acota: "La Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos prohíben la censura previa e incluso protegen contenidos que puedan ser incómodos a algunas personas. Lo que no admite la libertad de expresión es que se censure y prohíba la difusión de obras artísticas como El Inca.